Ciudad Victoria, Tamaulipas; 14 de Diciembre de 2011.- La “Tarjeta migrante” del gobierno federal no sirve de nada, lo que hace falta es acabar con la corrupción y las extorciones a los migrantes, afirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Alejandro Ceniceros Martínez.

“El problema en el país no es cuestión de leyes, no son los programas que deban existir es la impunidad y la corrupción que existen de parte de los funcionarios públicos”.

Refirió que con la llegada de los paisanos debe existir en las carreteras de Tamaulipas módulos de información y seguridad para los migrantes, además hay un programa de la cámara de diputados “diputado amigo” para ofrecerles trabajo, así mismo la presidenta de asuntos fronterizos Norma Leticia Salazar está trabajando en estos proyectos por que hay que darle mayor seguridad y mayor protección a los migrantes, porque desgraciadamente los programas quedan exclusivamente en papel en blanco y negro pero no en la realidad.

Dijo que no le consta si las carreteras carecen de estos módulos, ya que es lo que anuncia el gobierno federal, y exhorto a los paisanos que se sientan agredidos por cualquier funcionario público a que denuncien los abusos, que señalen todo tipo de arbitrariedad que se comenten ante ellos.

Manifestó que ante los abusos a los paisanos se programo una reunión con el presidente de la comisión estatal de derechos humanos Bruno del Rio y si bien la CNDH trabaja de acuerdo a las denuncias de los ciudadanos carecemos de una cultura de denuncias a las quejas lo cual es un problema en el país, además aunque la comisión hace recomendaciones necesarias no hay una obligación de que se cumplan, no obstante se hará una reforma a la CEDH que obligara a justificar los motivos por los cuales se rechazaría alguna recomendación emitida por el organismo, lo cual es un gran paso aunque lo ideal sería que pudiera sancionar.

“Hoy con la reforma que debe entrar en vigor el próximo año estaremos trabajando en la reforma de derechos humanos en el estado ya va hacer obligación de que a quien se le dé una recomendación por parte de la comisión estatal de derechos humanos tenga que justificar el por qué no la acepta”.