Ciudad Victoria, Tamaulipas; 24 de Noviembre, 2013. El Partido del Trabajo (PT) presentó una iniciativa de decreto para reformar el Código Electoral de Tamaulipas, para que sea incluido en el mismo el derecho de todo ciudadano a ser postulado a un cargo de elección popular sin necesidad de estar registrado en algún partido político.

El diputado Arsenio Ortega Lozano señala que “la iniciativa tiene por objeto proponer medidas adecuadas para garantizar que, en Tamaulipas, todo ciudadano elegible pueda solicitar su registro como candidato independiente a cualquier cargo de elección popular”.

La propuesta llegó al Pleno Legislativo a pesar de que todavía está pendiente la reforma a la Constitución Política del Estado para incorporar en ella las candidaturas ciudadanas y con ello homologarla con la Carta Magna federal, donde ya están contempladas.

De hecho, recordó que existe una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada el dos de octubre de este año, en el expediente SUP-JRC-122/2013, en la que se ordena al Congreso local cumplir con la reforma a la Ley Suprema del estado, cuyo cumplimiento está pendiente, pues la anterior Legislatura omitió cumplir las normas constitucionales reseñadas.

Pese a ello, Ortega Lozano propone modificar desde ahora diversos artículos del citado ordenamiento electoral que rige a Tamaulipas, para incluir en el mismo disposiciones como la referida a la confirmación del reconocimiento del derecho humano a las candidaturas independientes a los cargos de elección popular.

La adecuación al Código Electoral buscará garantizar el financiamiento a los aspirantes a candidatos independientes y la previsión de financiamiento público a los partidos políticos y sus candidatos, para que se pronuncien y promuevan la participación ciudadana en los procesos de consulta popular sobre temas trascendentes para la comunidad.

Se deberán prever además las normas de interpretación conforme y el principio por persona en la selección y aplicación de la norma electoral, o el sentido más favorable a las personas en materia política, aplicándole a todo acto y resolución electoral, esto en armonía con el artículo uno constitucional.

La iniciativa petista propone además la reducción de los topes de gastos de campaña para cada elección, en virtud de que la fórmula legal vigente es casi idéntica a la regía antes de la reforma constitucional de 13 de noviembre del 2007, pero ahora los partidos políticos ya no gastan en radio y televisión.

Paralelamente demanda la reducción del tope de gastos de precampaña y previsión de un porcentaje y monto igual que como mínimo puede gastarse en el periodo de búsqueda del respaldo ciudadano, esto a fin de abaratar el costo de los procesos electorales.