Alejandro Ceniceros quien promovió el amparo contra el nombramiento del auditor.

Ciudad Victoria; 18 de abril de 2017. Ante el nombramiento inconstitucional del titular de la Auditoría Superior del Estado, las autoridades responsables: el Ejecutivo, el Congreso del Estado y el propio Jorge Espino Ascanio se preocupan más por descalificar que en cumplir con la ley.

El coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT) Alejandro Ceniceros Martínez quien promovió el amparo contra el nombramiento del auditor dijo que “su alegato es que yo no tengo interés jurídico ni legítimo, que como ciudadano no tengo derecho a cuestionar a pesar de que el juez me reconoció personalidad como representante partidista”.

En rueda de prensa aclaró que el interés jurídico es atribución de todos los tamaulipecos “pues el auditor es el responsable de revisar la correcta aplicación del presupuesto de egresos del Estado, de ahí que se requiera que sea una persona imparcial, independiente y con conocimientos técnicos de auditoría y control de presupuestos, características de las que adolece”.

La audiencia constitucional estaba programada para el 11 de abril, sin embargo, las autoridades responsables rindieron su informe y alegatos hasta el día 5 de abril, y la norma legal determina que el expediente debe estar completo al menos 8 días antes de la audiencia, motivo por el cual se difirió para el día 15 de mayo a las 10 horas.

Lo grave del asunto es que “en vez de defender la legalidad del nombramiento, por parte del Congreso y el Ejecutivo, como la supuesta experiencia y profesionalismo de Ascanio, así como los estudios de posgrado, impugnan mi personalidad jurídica”.

Hasta hoy, Espino Ascanio, aparece en el padrón de militantes del Partido Acción Nacional, de acuerdo a su página web oficial, y con esa prueba es más que suficiente para demostrar la parcialidad del nombramiento.

Ceniceros Martínez dijo que lo que ha quedado demostrado es la cercanía entre Espino Ascanio y la familia del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, cuando el primero otorgó contratos millonarios cuando fungió como funcionario de Caminos Y Puentes Federales de Ingresos.